EL BUEN GOBIERNO DE SANTOS

El señor Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, ha llamado la atención con el programa del buen gobierno. Con los acuerdos de la prosperidad que son continuidad de los concejos comunales de su antecesor, con una ramillete de decretos para modificar diferentes entidades oficiales, para anexar   empresas, departamentos administrativos y afines a organismos del mismo nivel o afines en su misión de funcionalidad. No me  llama la atención en este país de leyes y decretos que haya firmado un sin número de actos administrativos.  Estos actos administrativos reflejan de alguna manera su plan de gobierno que tratará de ejecutar en su periodo como máximo gerente de la gran empresa llamada Colombia. Lo que siempre me ha llamado la atención es que nunca se saca un paquete de acuerdos para los miembros y los altos cargos de  los que hacen parte de la administración del estado. En otros países, como España por ejemplo, el sistema jurìdico se ha enriquecido con diferentes normas que conforman el marco dentro del cual han de actuar los servidores públicos para ejercer sus funciones en cumplimiento de las actividades que tengan que cumplir. Un acto administrativo cualesquiera que fuera es letra muerta si no le da vida quien está detrás del cargo.  El espíritu de la norma debe ser transmitido con gran capacidad que emocione al receptor y que vibre se apasione quien lo socialice. Además de esto su actuación ha de inspirar y guiar por los principios éticos y de conducta que hasta ahora no han sido plasmados expresamente en normas.

Me gustaría que  el gobierno actual establezca una serie de exigencias entre ellas las más mínimas como el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias.  Me gustaría que se elabore una norma que responda a los lineamientos de  respeto, protección y fomento de todas las aspiraciones de los ciudadanos en un marco de solidaridad, libertad y justicia social.

Sería mucho pedir un manual o decreto que contenga principios éticos  que evite la actuación que produzca discriminación alguna de raza, sexo, religión opinión o circunstancia personal o social. Que siempre persiga la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos  y se orienten hacia los intereses comunes, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones diferentes.

Sería mucho pedir que los servidores públicos actúen en el desempeño de sus funciones de acuerdo con un código que se elabore bajo los principios de objetividad, integridad, neutralidad,  responsabilidad, credibilidad imparcialidad, dedicación al servicio, transparencia, ejemplaridad, eficacia, honradez e igualdad entre hombres y mujeres. Que se abstengan los servidores públicos de plantear conflictos en sus puestos de trabajo.

Y en este orden que sea el pueblo el máximo juez del servidor público para continuar o salir.